Este derecho de participación se encuentra en el artículo 40 de la Constitución Nacional dentro del capítulo de Nuevos Derechos y Garantías, fue incorporado en la reforma constitucional de 1994 y está reglamentado por la ley nacional 25.432.
La consulta popular o plebiscito es un mecanismo en el cual los ciudadanos votan sobre si están de acuerdo o no con la aprobación de un proyecto de ley. Este derecho se pone en práctica cuando el Presidente o el Poder Legislativo tienen la necesidad de saber la opinión del pueblo sobre un tema. La consulta popular puede ser vinculante o no vinculante, pero en ambos casos la ley 25.342 establece que la Cámara de Diputados deberá desarrollar un proyecto de ley el cual debe explicar detalladamente el motivo de consulta y debe establecer las preguntas que se le quieren hacer al pueblo. Estas preguntas deben ser formuladas de modo tal que la respuesta sea por el sí o por el no .
La consulta popular sea vinculante o no vinculante, debe ser publicada en el boletín oficial y en todos los medios de comunicación para difundir la consulta en todo el país.
Además, la ley 25.342 establece que luego de que la consulta popular fue publicada en el Boletín Oficial, hay que esperar un plazo mínimo de 72 días y uno máximo de 120 días de corridos para que se lleve a cabo sin que se realice otra elección el mismo día. También la ley establece que la Justicia Nacional Electoral será la autoridad competente para intervenir en la comisión, que los votos en blanco no serán computados y que los partidos políticos pueden participar expresando su posición con respecto al objetivo que es motivo de la consulta popular.
Consulta popular vinculante
Es cuando la decisión popular se convierte definitivamente en ley. Para que se realice una consulta popular vinculante, la Cámara de Diputados tiene que sancionar una ley que debe ser tratada de forma especial y estar aprobada con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores en una sesión convocada exclusivamente con esa finalidad.
De la consulta popular vinculante participarán todos los ciudadanos que se encuentran inscritos en el padrón electoral, y si cuenta con la mayoría de los votos afirmativos automáticamente ese proyecto de ley se convertirá en ley y deberá ser publicada en el Boletín Oficial. Si la consulta popular cuenta con la mayoría de los votos negativos, el proyecto no podrá ser tratado hasta después de haber transcurrido dos años desde la realización de la consulta popular.
Consulta popular no vinculante
Es aquella consulta que le sirve de opinión a las autoridades, pero su resultado no se transforma en ley automáticamente si la votación es positiva, es decir que sirve para saber la opinión, pero la decisión final no la toma el pueblo. Esta consulta puede ser emitida por medio de una ley de la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores o por medio de un decreto del Poder Ejecutivo.
Si la propuesta de consulta popular no vinculante proviene del Poder Legislativo, debe contar con la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada cámara y si la consulta proviene por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, este debe contar con la aprobación general de los ministros.
Tanto el artículo 75 y el artículo 99 de la Constitución Nacional remarcan que tanto la ley como el decreto no pueden intervenir en cuestiones que les sean ajenas, es decir que, si la consulta popular no vinculante viene por un decreto del Poder Ejecutivo, este no puede proponer una consulta acerca de temas que son propios del Poder Legislativo y viceversa.
Puede mencionarse como ejemplo el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando en 1984 impulsó una consulta popular no vinculante para saber si la población aceptaba o rechazaba la soberanía del Canal de Beagle por parte de Chile. Más del 80% de la población acompañó la propuesta del ejecutivo que, de la mano del Vaticano, resolvía un enfrentamiento entre Argentina y Chile por el control de las islas del Canal de Beagle que fueron otorgadas al país vecino.
Interrupción a la participación política
En la Argentina la interrupción de la participación política se dio a través de los gobiernos de facto que llegaron de forma legítimamente al poder y se mantienen por la fuerza violando la Constitución Nacional. Durante las diferentes dictaduras que afrontó la historia argentina se produjeron el cierre del Poder Legislativo, se eligieron a los integrantes del Poder Judicial, se persiguieron y se encarcelaron a miembros de distintos partidos políticos, se prohibieron la existencia de los partidos políticos, se prohibió la participación política de los sindicatos, fueron reprimidas las huelgas, se prohibieron los Centros de Estudiantes y se montaron centros clandestinos de tortura, se produjeron robos de bebés, los derechos y garantías fueron anulados y hasta hubo desaparición de personas.
Durante el siglo XX en la Argentina se sucedieron seis golpes de estado
El 6 de septiembre de 1930 la dictadora conocida como la Década infame. -En 1943 el poder quedó en manos de los militares de Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro J Farrell.
El 16 de septiembre de 1955 golpe militar conocido como la revolución libertadora.
El 26 de marzo de 1962 el presidente Arturo Frondizi fue reemplazado por el presidente provisional del Senado José María Guido con apoyo de sectores de la Fuerzas Armadas.
El 28 de junio de 1966 se dio un nuevo golpe de estado por Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Alejandro Lanusse.
El 24 de marzo de 1976 se produjo una de las más feroces dictaduras liderada por los generales Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone.
Bibliografía recomendada
Abal Medina, J. M. (h) (2019). Manual de ciencia política. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Eudeba.
Menem, Eduardo (2020). Derecho procesal parlamentario. 2a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley.
Otros conceptos que elaboramos en nuestros posts:
Sistema electoral argentino
Estado y Nación
Gobierno republicano y federal
Democracia representativa
Partidos políticos
... y mucho más!
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